por FEDERICO SALAZAR

El padre de familia debe tener un voto sobre los maestros, y no al revés. Los niños y jóvenes no deben seguir siendo rehenes de la política magisterial o de la inoperancia gubernamental.

Los maestros no sólo reciben remuneraciones misérrimas, sino que a esos niveles corresponden también niveles muy pobres de calificación y dirección. La última paralización ha tenido como móvil la asignación presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas al sector de educación. En estimación de los maestros la asignación es escasa y pretenden cambiar la situación a través de la extorsión, amenazando con dejar sin clases en el futuro a los alumnos.
Los maestros, sin embargo, tienen razón en algo. Los recursos a la educación son exiguos en relación a las necesidades. Pero ésta es la realidad de todos los sectores. Si los médicos hicieran huelga porque les parece que las asignaciones al sector salud son muy escasas, nos quedaríamos sin atender nunca a los enfermos.
La nueva huelga de los maestros no ha tenido un contenido gremial, sino esencialmente político. Cabe preguntarse cómo un grupo de presión política tiene en sus manos el destino de la formación de la mayor parte de alumnos del Perú.

Competencia sindical
Las huelgas, además, pueden ser expresiones del poder interno sobre sectores del gremio. Entre los dirigentes se da también la competencia sindical, por la cual gana más votos el que aparece más “reivindicativo” o más “combativo” que los demás. La última huelga tiene mucho que ver con las pulseadas en el seno de la dirigencia magisterial entre Nílver López y Robert Huaynalaya.
Esta fase cismática del gremio explica, pues, en parte la necesidad visceral del ejercicio del poder sindical en el caso del Sutep. Pero, esencialmente, esa lucha intestina y ese poder externo vienen de la centralización del gremio educativo.
Mientras el número de matrículas en el sector público pasó de 7,050,463 en el 2001 a 6,971,461 el 2003, el número de maestros pasó de 285,548 el primer año a 293,524, el año pasado. Hubo, pues, menos de 79 mil alumnos matriculados de un año a otro, pero hubo casi 8 mil maestros más en ese mismo período.
El personal administrativo, a su turno, también se incrementó, de 35,269 a 36,154. Menos alumnos, pero más administrativos. Si el aumento de maestros y administrativos se hubiera traducido en una mejora de la calidad de la enseñanza, se podría hablar de una inversión con resultado positivo; si no, hay que hablar de dilapidación de los recursos.
Según un estudio de casos del propio Ministerio de Educación, un alumno que culmina quinto de secundaria en el sector público ha recibido un tercio menos de horas lectivas que su similar del sector privado. Supera, apenas, a un alumno de tercero de secundaria del sector privado en cuanto a horas de clase recibidas.
Otro indicador, de veras alarmante, de los resultados de la educación en el Perú es el de la llamada "alfabetización lectora". Este índice explica la comprensión de textos escritos y la capacidad de reflexión desarrollada en torno a ellos.
Esta prueba, realizada en el 2001, mide cinco escalas de intelección del alumno, de deficiente (1) a avanzado (5). El primer nivel toma en cuenta un solo criterio para ubicar uno o más fragmentos independientes de información explícita en el texto. El quinto nivel es el de quienes pueden ubicar y ordenar secuencialmente múltiples fragmentos de información profundamente incrustada en el texto.
En este nivel (5) se infiere qué información es relevante para la tarea. Pues bien, en el caso del Perú, el 54.1% estuvo debajo del nivel (1); es decir, más de la mitad registró un nivel (0) de entendimiento de un texto. En el nivel (1) se encontró el 25.5%. Al nivel (5) sólo llegó el 0.1% de los examinados. En los países miembros de la OCDE se registró un 9.5% en el nivel (5) y apenas un 6.0% en el nivel (0). En nuestra región, México registró en el nivel (0) a un 16.1% y Chile, al 19.9%. En el nivel (5), México pudo aprobar al 0.9% y Chile al 0.5%. Argentina registró un 1.7%.
De todos los países de los que hay datos comparables, el Perú es el de mayor porcentaje con nivel (0), de lejos, y el de menor porcentaje con nivel (5) de alfabetización lectora.
La educación, en otras palabras, no está funcionando. La cantidad de horas no es suficiente y la calidad de la enseñanza es deficiente. El caso es particularmente desastroso en lo que se refiere a la educación pública.
Según otra encuesta, en el cuarto año de secundaria quienes alcanzan un nivel de suficiencia en la comprensión de textos es el 23.6%. Sin embargo, ese es un promedio que esconde la debacle de la educación pública. En el sector estatal solo el 17.9% alcanza ese nivel de suficiencia, mientras que en el sector privado, el 52.9% logra tener alguna competencia lectora.
Todo ello habla del colapso de la educación pública y de la necesidad de aplicar una reforma de cirugía mayor. Un incremento de los recursos destinados a la educación es a todas luces imprescindible. Pero quien crea que aumentándoles el sueldo a los maestros resuelve el problema está muy lejos de la solución.
La reforma tiene que pasar por un replanteamiento de la calificación y capacitación de los maestros. Tiene que introducir en el ámbito estatal, los mecanismos de competencia que han funcionado en el sector privado.
El esquema basado en la centralización administrativa y pedagógica ha fracasado. Debemos encaminar los esfuerzos hacia una descentralización del planeamiento y la organización. Para ello hay que devolver a la comunidad la prerrogativa de elegir la educación de sus hijos, devolviendo el poder a los ciudadanos en lo que se refiere a las decisiones relacionadas a la educación de sus hijos.

Despolitizar y privatizar
Las escuelas deben tener mayor autonomía, especialmente en la parte pedagógica. Se debe terminar con los programas oficiales de enseñanza, que plantean metodologías muchas veces lejanas a la realidad local de las escuelas y las familias.
El padre de familia debe tener un voto sobre los maestros, y no al revés. Los niños y jóvenes no deben seguir siendo rehenes de la política magisterial o de la inoperancia gubernamental.
Hay quienes plantean que la escuela misma ha llegado a su fin, tal como la conocimos en los siglos XIX y XX. Sin necesidad de llegar tan lejos por ahora, es definitivo que la educación pública en el Perú está en bancarrota y que rescatarla no supone solo dotarla de recursos, sino también y sobre todo despolitizarla y devolverla a los padres de familia, de quienes la han sustraído ciertas dirigencias sindicales.
Los padres de familia tienen derecho a decidir sobre la educación de sus hijos. Solo falta darles la oportunidad y la diversidad. Esa oportunidad y esa diversidad no las puede dar el sector público.
El Estado no es un buen educador porque el monopolio no es un buen sistema para educar. La centralización sindical del magisterio tampoco es una solución, por exactamente las mismas razones. Por eso es imprescindible plantear una reforma de privatización de la educación, de descentralización y despolitización de la misma. Mientras se mantenga el esquema monopólico estatal, poco se podrá avanzar.