LIMA (AIPE).- Un nuevo fantasma burocrático recorre América Latina: la regionalización. Unos la ven como una necesidad para planificar el desarrollo. Otros como una auténtica reivindicación popular. Pero, independientemente de la pasión, tenemos que reconocer que se trata de una de las controversias más importantes y acaso sensibles de nuestra historia republicana.
El patrón tradicional del poder en América Latina ha sido la centralización. Los señoríos precolombinos, por ejemplo, se basaron en la utilización de los espacios geográficos como mecanismo de control social; poblaciones pequeñas aisladas entre sí y ligadas solamente con un núcleo central de poder que distribuya ingresos y privilegios en función de la lealtad política.
La colonia española mantuvo posteriormente el modelo, desplazando solamente la cúspide por la administración virreinal. En la base, se dejó a la población aislada y distribuida en el territorio y se premió la lealtad con prebendas específicamente establecidas.
A su turno, la república vino a reproducir el patrón tradicional hasta convertir al poder en una omnímoda autoridad central, libre ya de relaciones étnicas, lealtades señoriales y obligaciones religiosas.
La secularización republicana, paradójicamente, contribuyó a reforzar de modo significativo el modelo tradicional del poder. Son recién las grandes migraciones las que desafían y, eventualmente, hacen colapsar ese modelo tradicional.
En efecto, las migraciones del campo a la ciudad ocurridas en América Latina masivamente desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial han alterado definitivamente la administración del poder. El aislamiento de la población, la inconexión entre un poblado y otro ya no sustentan más el ejercicio del poder. La centralización ha perdido definitivamente su base social. Por consiguiente, la descentralización se presenta como la lógica consecuencia institucional de un cambio social operado espontáneamente.
No obstante esa importancia, la regionalización desde su perspectiva burocrática tiene grandes peligros. No se basa en entidades históricas, sino en ficciones jurídicas en las que no hay lazos de afinidad. Es antidemocrática porque resulta de un plan centralmente elaborado. Carece de recursos tributarios autónomos claramente atribuidos a cada región. Constituye una burocracia estatal intermedia ávida por ampliar su influencia, ejercer poder e incrementar el gasto público.
Ahora bien, pese a todo ello la regionalización puede ser salvada si se actúa oportunamente para dotar a cada región de autonomía completa, mediante delegación expresa de facultades legislativas en materia de regulación de la actividad económica y en la creación, modificación y administración de determinados impuestos.
El propósito de darle autonomía a las regiones en materia económica es muy concreto: crear una competencia entre las regiones para atraer y ofrecer mejores condiciones a la iniciativa privada para el desarrollo de sus actividades. De esta forma, las empresas dejarán de ubicarse en la capital e irán en búsqueda de mejores condiciones regulatorias y tributarias entre las regiones, contribuyendo al desarrollo más racional de los recursos.
La competencia interregional puede ser así uno de los instrumentos más eficaces para desarrollar una economía de mercado en el país. Pero para que exista una auténtica revolución regional habría que dar todavía pasos complementarios. Primero, democratizarlas, estableciendo sufragio universal para la escogencia de sus autoridades. Segundo, darle a la voluntad popular la posibilidad de modificar las regiones convocando plebiscitos que expresen la auténtica constitución histórica. Tercero, entender que la regionalización no es un fin en sí misma, sino tan sólo una de las variantes de la descentralización y que como tal puede liberar o condenar a la gente.
_____* Escritor, abogado y político peruano, coautor de El otro sendero. (583 palabras) |
