EL FRACASO DEL PARLAMENTO PERUANO

Enrique Ghersi*

Julio 1996

LIMA (AIPE).- Las críticas a la democracia por lo general enfatizan el proceso de deterioro del parlamentarismo. Diera la impresión de que, por doquier, el congreso sintetiza las frustraciones y enconos que la gente siente contra la clase política.
Esta impopularidad no parece ser casual. Responde a cierta noción instintiva de ineficacia de la que los ciudadanos son capaces de darse cuenta. Sin embargo, son hasta ahora pocos los estudios serios realizados para determinar exactamente los orígenes de este fracaso.

En el Perú, Arturo Salazar Larraín acaba de terminar un estudio que analiza cabalmente el problema: la impopularidad del Congreso no radica en la retórica ni en el verbalismo. No reside en la incapacidad de los partidos ni en la finalidad de los políticos. Tampoco en la cultura ni la tradición. Radica, antes bien, en su costo.

En efecto, el Congreso es tan costoso -en el sentido más amplio del término- que el ciudadano promedio no está dispuesto a solventarlo, pues considera que los beneficios que puede esperar de él resultan exiguos en extremo.

De acuerdo con el estudio de Salazar Larraín, el costo de cada proyecto de ley presentado por cada congresista peruano y debatido en comisiones y en el pleno es de $ 80.729, sin tener en consideración su aprobación ni los costos que pudieran implicar llevarlo a efecto una vez convertido en ley.

En otras palabras, cada vez que a un parlamentario peruano se le ocurre presentar un proyecto de ley, le impone a los contribuyentes un costo de más de ochenta mil setecientos dólares, sólo por el prurito de legislar.

Si tomamos en consideración, adicionalmente, que el criterio de eficiencia usual de los congresistas es el número de proyectos que presenta, al extremo de que suelen publicarse en los medios de comunicación el ‘ranking’ de los mejores parlamentarios basados en la cantidad de proposiciones que presentan, podrá advertirse la tragedia: el mercado político impone a los parlamentarios el objetivo de presentar y presentar proyectos de ley y, consecuentemente, gastar y gastar dinero sin costo ni límite.

Si se internalizara este costo y cada congresista tuviera que pagar los costos de los proyectos que presenta, es muy posible que no sólo se reduzca el número de proyectos legislativos, sino que se eleve notablemente su calidad.

El estudio de Salazar Larraín, él mismo parlamentario, ex director del diario La Prensa de Lima, liberal de la vieja guardia y discípulo de Pedro Beltrán, ha puesto el dedo en la llaga.

El congreso es impopular porque es costoso y es costoso porque el mundo político demanda de él intervención tras intervención, sin reparar en las cargas subsecuentes a ellas.

Ya en la década del sesenta, el economista y Premio Nobel James Buchanan había sostenido que en la democracia existe una tendencia al crecimiento automático del gasto público. Esta tesis es dramáticamente cierta para el caso de la institución democrática por excelencia, pues el parlamento padece la terrible paradoja de acrecentar su impopularidad cada vez que cree cumplir con su deber.

Cada propuesta legislativa en el Perú cuesta ochenta mil setecientos veintinueve dólares y fracción. Alguien tiene que pagar la cuenta.

_____*Abogado peruano, coautor de El Otro Sendero.