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Justicia popular en el Perú
Enrique Ghersi

Abril 1994

LIMA (AIPE).- Para nadie es un misterio que la justicia en Latinoamérica no funciona. La gente recurre a fiscales y jueces en búsqueda de atención para sus problemas, pero difícilmente encuentran una respuesta.

A pesar de que muchas veces los magistrados tienen toda la buena intención del mundo para atender las demandas sociales, no pueden hacerlo por falta de recursos económicos, por leyes inadecuadas o por la corrupción existente.

Todo ello ha empujado a gruesos sectores de la población latinoamericana hacia la informalidad que tiene su propia manera de administrar justicia.

Cada experiencia es distinta, pero está ampliamente difundida en todo el país. Inclusive, en el campo las comunidades indígenas practican formas de justicia popular con una enorme vigencia social. Casos ya célebres como el de Huayanay en el Perú, en que la población linchó a un grupo de ladrones de ganado, son un ejemplo de esta tradición.

En los barrios pobres del Perú (llamados pueblos jóvenes), por ejemplo, la organización vecinal resuelve los conflictos por la posesión y mejor derecho sobre los lotes del asentamiento. Llega, inclusive, a resolver problemas familiares, distribuyendo los bienes comunes entre esposos y convivientes. Hay casos extremos en que reprime a los delincuentes con todo tipo de penas, entre los que a veces se aplica hasta la muerte.

Entre los ambulantes también se administra justicia informalmente. Como estos comerciantes no tienen acceso al Poder Judicial, son las propias organizaciones las que aplican la costumbre para resolver disputas por negocios y por la ubicación de los puestos en las calles.

Los microbuseros y choferes, por su parte, tienen sus propios sistemas de justicia. Los problemas generalmente se resuelven dentro del comité. Por excepción, se apela al sindicato de microbuseros y a la Federación de Choferes del Perú.

Los artesanos y pequeños industriales, más recluidos en su propia actividad, tienen sistemas de administración de justicia mucho menos desarrollados. Pero, de todas maneras, recurren cuando están afiliados a su propia organización. Tal es el caso de los talleristas del Parque Industrial de Villa El Salvador, por ejemplo.

Es verdad que la justicia informal es imperfecta, pero también es verdad que representa una genuina aspiración por el orden y la equidad que deja en claro que el pueblo peruano no es desordenado ni caótico como lo pintan algunos.

La alternativa a todo ello, es crear un sistema privado alternativo para administrar justicia. Este sistema es conocido con el nombre de arbitraje por los especialistas.

En lo esencial, el arbitraje consiste en que los litigantes recurren a una entidad o persona especialmente designada para resolver conflictos, en lugar de ir al Poder Judicial con todos sus defectos. El así designado o árbitro estudia el caso, evalúa las pruebas y sentencia en un plazo muy breve, sin los peligros de corrupción y demora característicos del sistema judicial.

No obstante todas estas ventajas, hay gente que se considera enemiga del arbitraje. Dicen que es justicia sólo para los ricos y que no serviría para aliviar el padecimiento de las mayorías.

Estas críticas se equivocan. El arbitraje no es justicia para ricos. Por el contrario, de hecho es ya, entre los ambulantes, los habitantes de pueblos jóvenes, cooperativas y asociaciones de vivienda y los microbuseros, una forma efectiva cómo resolver los múltiples problemas de la vida social.

En efecto, el arbitraje puede ser perfeccionado y modernizado, pero ya existe en la realidad. Son los informales que, por lo general, no tienen acceso al Poder Judicial los que lo practican en sus asambleas y organizaciones. Inspirado en esa experiencia, el arbitraje puede ser una auténtica justicia popular al alcance de todos y cercana a la población.

No es verdad, entonces, que el arbitraje sirva sólo para los ricos. Está también al servicio de los pobres. Es más, en el Perú han sido los pobres, los informales del campo y la ciudad, los que han tenido que desarrollarlo como alternativa a un Poder Judicial atrofiado.

* Abogado, escritor y político peruano. (666 palabras)

 

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