LIMA (AIPE).- La crisis del Estado en América Latina le plantea a los intelectuales y políticos tradicionales un problema mucho mayor que a la población.
En efecto, el Estado latinoamericano de hoy es eminentemente ineficiente, mercantilista, injusto, antidemocrático e ilegítimo, al extremo de ser obedecido únicamente por proporciones insignificantes de gente. En el caso del Perú, sólo uno de cada cuatro trabajadores lo hace.
A nivel de los más pobres, por ejemplo, nadie duda de que el Estado es incapaz de resolver sus problemas. En una barriada a nadie se le ocurre esperar que el gobierno tienda las redes de agua y desagüe, haga las calles o, siquiera, provea justicia y policía. La gente lo hace directamente. Ningún grupo de vendedores ambulantes o buhoneros espera, tampoco, que la benevolencia municipal limpie las calles o rehabilite mercados para reubicarse. Ellos lo hacen por sí mismos, a puro esfuerzo y con el sacrificio de muchos años de trabajo.
De hecho, tal situación ha determinado un retroceso efectivo del Estado en la mayor parte de Latinoamérica y, lo que es aún más grave, una pérdida total de legitimidad.
Esta situación es todavía más notable con los escándalos de corrupción que se abaten en muchos de nuestros países. Collor de Melo en Brasil, Alan García y Fujimori en el Perú, Salvador Jorge Blanco en República Dominicana, Lusinchi y Carlos Andrés Pérez en Venezuela, son ejemplos de ese deterioro incontenible.
No obstante todo ello, lo más fascinante de tal situación es que ninguna de estas evidencias, a pesar de ser incontestables, ha conmovido un ápice a los intelectuales y políticos tradicionales. Ellos todavía creen que el Estado es omnipotente y que, gracias a su influjo, es posible hacer todo en nuestros países.
Esta persistencia en el error es uno de los temas más misteriosos de la sociedad latinoamericana y responde, a no dudarlo, a la confusión que existe acerca del concepto de orden en las sociedades humanas.
Los intelectuales y políticos tradicionales creen que el orden es externo a la sociedad y que resulta de un plan o proyecto deliberado por una entidad superior que impone su designio sobre los seres humanos.
Sea cual fuere la razón, la dialéctica o Dios para los intelectuales; o la lucha de clases, la planificación o la ley para los políticos, ambos grupos comparten la creencia equivocada de que el orden humano es deliberado y, que por ende, deliberadamente se puede cambiar.
Esta confusión ha producido una especie de fetichismo de la ley en nuestros países. Se cree que la ley lo puede todo. Que la ley lo cambia todo. Que basta que se promulgue una ley para que, por una especie de encantamiento político, la sociedad se transforme y se arregle al propósito de lo legislado.
Todo esto es un error porque en realidad el orden social no es extrínseco a la sociedad sino intrínseco. No resulta de una inteligencia exterior a ella, sino de ella misma. El orden de la sociedad se autogenera. La sociedad se regula a sí misma.
Esta condición tan sencilla no podrá ser advertida ni mucho menos aceptada por quienes, presuntuosos de su magia, conocimiento o poder, creen que les corresponde a ellos determinar los deseos o preferencias de los demás.
Sea como fuere, la rebelión contra el Estado es ya incontenible. Se basa en una convicción y en un temperamento. El Estado ya no puede hacer mucho porque está agotado. Pero, aunque pudiera, tampoco es aceptado más por la gente. Sólo creen en él los intelectuales y los políticos.
La reconstrucción del Estado tiene, pues, que basarse en aceptar que el Estado carece de legitimidad. Y que esa legitimidad hay que buscarla ahora entre los más pobres de América Latina, quienes calladamente han ido creando una vigorosa economía de mercado informal en las calles y plazas de nuestras tumultuosas ciudades.
* Abogado, político y escritor peruano. Coautor de < >. (653 palabras |
