LIMA (AIPE).- El domingo 5 de abril Alberto Fujimori se puso fuera de ley, al encabezar un golpe de estado contra el Congreso, Poder Judicial, Fiscalía y demás instituciones autónomas del Perú.
En un mensaje confuso y grotesco, propalado a la hora undécima por una forzada cadena televisiva, Fujimori pretendió disolver el Congreso e intervenir los demás poderes del estado con el pretexto de graves amenazas contra la patria que exigían constituir un gobierno de presunta reconstrucción nacional.
En la práctica sólo un golpe más, esta vez perpetrado por el propio presidente con participación entusiasta de la fuerza armada. No existe ningún asidero constitucional para esta decisión, ninguna base legal, ninguna justificación moral.
Dicen los golpistas que la subversión y el narcotráfico amenazan al Perú. No dicen que la Constitución reconoce el derecho a la insurgencia y que con su descabellado acto han legitimado instantáneamente a Sendero Luminoso. Ocultan, así mismo, que el Departamento de Estado tiene una lista de 104 oficiales involucrados en el tráfico de drogas y que el golpe no es más que una cortina de humo para la responsabilidad que compete a la fuerza armada.
Dicen los golpistas que el Congreso nunca quiso colaborar y que, por el contrario, se dedicaba a boicotear las iniciativas del gobierno. No quieren reconocer que Fujimori nunca dialogó y que, de seguro, tuvo desde un principio el torvo propósito de cancelar las libertades. Ocultan el hecho evidente de que las fuerzas democráticas del Congreso nunca negaron su apoyo cuando fue necesario: se delegó facultades legislativas al Presidente, se rechazó la censura del ministro Boloña, se votó los proyectos propuestos por el gobierno.
Insinúan los golpistas que su pronunciamiento es contra el APRA y la izquierda marxista. Ocultan, como si la opinión pública fuese estúpida, que fueron los votos del gobierno los que exculparon a Alan García por las masacres de los detenidos en las cárceles peruanas por terrorismo en 1986 y trataron -aunque infructuosamente- de exculparlo también por los cargos de enriquecimiento ilícito.
Arguyen los golpistas que el programa económico peligra. Pero no reconocen que peligra por las propias incoherencias del gobierno que anida en su seno el germen de su destrucción: ha sido incapaz de equilibrar su presupuesto, no ha vendido ni una sola empresa pública, ha mantenido la estructura del estado heredada desde los tiempos del general Juan Velazco Alvarado.
Los golpistas se presentan, finalmente, como defensores de la moralidad y las buenas costumbres. Quieren que olvidemos la inmoralidad básica de Fujimori: llegó al poder mintiendo y por ello no ha podido gobernar. Atacó duramente en la campaña electoral a su contrincante, Mario Vargas LLosa, diciendo que él haría todo lo contrario en caso de ganar. Ganó, pero faltó a su palabra. No tuvo un mandato claro. Perdió legitimidad política y sus antiguos aliados del APRA y la izquierda, que lo llevaron al poder, pasaron inmediatamente a la oposición.
Los golpistas quieren que olvidemos también los problemas tributarios del presidente -dedicado antes de ser candidato a la especulación inmobiliaria sin pagar impuestos- ; de su hermano Santiago Fujimori denunciado hace quince días por la propia Primera Dama como dedicado a turbios negocios con las donaciones y cooperaciones internacionales "estropajos"; de la privatización amañada; de las corruptelas de poca monta del Canciller Blacker Miller que le pide a los embajadores que compren suscripciones de su revista. Quieren, en suma, que olvidemos cómo una "jacuza" se ha apoderado del país al margen de la estructura formal del gobierno.
Los golpistas se equivocan. No van a salvar a la patria: la han condenado a una sangrienta guerra civil de la que tardará mucho en levantarse. No pasarán, porque a la larga la chusma que hoy los aplaude será la primera en denigrarlos. No progresarán, porque pronto los mercantilistas que hoy los adulan empezarán a conspirar en su contra y a financiar a otros para que los reemplacen.
Los golpistas han caído en la más infamante arrogancia: la ebriedad del poder de la que sólo se despierta por la convulsión violenta de la caída, por la degradación moral del poder absoluto, por la ignominia histórica que pesará, inflexible, sobre sus familias y apellidos. Fujimori, de un golpe, ha inscrito su nombre en la oprobiosa galería de la infamia internacional.
* Abogado y escritor peruano, diputado por Lima. |
