LIMA (AIPE).- Por lo general, se admite que existen dos tradiciones constitucionales. La primera, de origen británico, en la que la constitución no es un texto escrito, sino un fenómeno histórico y consuetudinario. La segunda, de origen norteamericano, en la que se cuenta con un texto constitucional que encabeza toda la pirámide normativa.
En América Latina predomina esta segunda tradición, a tal punto de que existe una equívoca sinonimia entre el texto escrito y el concepto mismo de constitución. Esta sinonimia ha producido un curioso fenómeno, consistente en que se cree que la constitución es el texto escrito y que basta con que éste cambie para que, correlativamente, se transmute toda la realidad. Tal confusión del concepto con el texto se refleja en el hecho de que los países latinoamericanos, salvo honrosas y misteriosas excepciones, han cambiado de "constitución" como de camisa.
En el Perú hemos tenido desde 1821 once constituciones. La de más larga vigencia, promulgada en 1860, rigió sólo hasta 1920. La de más corta vida nunca entró en rigor, como fue el caso de la llamada Constitución Vitalicia sancionada por Bolívar. Las han habido de todo tipo: escuetas y profusas, conservadoras o liberales, progresistas o reaccionarias. Pero ninguna ha tenido larga duración.
Usualmente ellas han sido la transacción política posterior a una guerra civil o la imposición del bando triunfante en una revolución. Nunca la auténtica expresión de la voluntad general. Mucho menos ha sido el resultado de la evolución institucional de nuestra sociedad. Por ello, su vigencia ha estado limitada a la estela política que dejaron los acontecimientos que le dieron origen. Debilitada ésta, muy pronto ha perdido legitimidad y ha dejado de observarse hasta ser prontamente reemplazada.
Sucede, pues, que las constituciones en América Latina han sido más un reflejo que un límite del poder. De ahí que, por carecer de legitimidad propia, hayan sido incapaces de regular la vida legal de nuestras naciones.
Con la sola excepción de la Argentina, que mantiene la magnífica constitución de Alberdi, aunque totalmente deformada por la práctica y disposiciones de menor jerarquía, el constitucionalismo latinoamericano es sólo una nota a pie de página del poder: incapaz de regir sin él e impotente de regir contra él.
Por ello, no deja de ser curioso que aproximadamente una década después de la llamada democratización latinoamericana, las constituciones vigentes hayan entrado en un proceso de revisión análogo al deterioro de los regímenes políticos que les dieron sustento.
Por doquier cunde el argumento de que una reforma constitucional es necesaria para regenerar o aun salvar nuestras democracias, fetichismo legislativo que confunde la norma con la realidad, al punto de creer que basta cambiar palabras para acabar, como en alquimia, con nuestros vastos problemas sociales.
En el Perú, luego del autogolpe de Fujimori, se piensa en hacer una nueva constitución. La vigente es de 1979. En Ecuador,
las tensiones regionalistas y el fracaso del unicameralismo sugieren ya poderosamente la reforma constitucional. La carta vigente es de 1978. Colombia y el Brasil acaban de terminar procesos constituyentes. Chile lo tuvo durante el régimen militar, pero se habla insistentemente de una revisión en vista de la apertura democrática. Paraguay reforma su constitución para reelegir presidente cada vez que se aproximan los comicios y para amordazar a la prensa. Guatemala ha estrenado recientemente constitución y hasta en México se habla ya de lo mismo.
El furor constitucional revela, en mi concepto, la incapacidad de comprender la auténtica función de las leyes y el orden social del mismo. En las sociedades el orden no se produce centralmente, se autogenera. Las leyes, por consiguiente, deben recoger ese orden sin tergiversarlo, bajo riesgo de perder vigencia y legitimidad. Las personas interactúan entre sí con prescindencia de un sistema hecho en función de la ley y no de la libertad.
* Abogado, político y periodista peruano, coautor del libro "El otro sendero". (640 palabras) |
