LIMA (AIPE).- Teóricamente la democracia se basa en la separación y equilibrio de poderes, donde corresponde a uno administrar, a otro legislar y a otro impartir justicia.
De Polibio a Montesquieu. De "los padres fundadores" de Estados Unidos a la Revolución Francesa, estos principios han sido considerados siempre como inherentes al concepto mismo de democracia. Algo así como piedras angulares del constitucionalismo moderno.
Sin embargo, la realidad del poder en América Latina parece ser un desmentido contundente a esos presuntos principios inamovibles.
Es verdad que en un plano formal las constituciones latinoamericanas consagran la separación y el equilibrio de poderes, pero también es verdad que en la práctica ellos no existen. Por el contrario, todo el poder está concentrado y, por ende, desequilibrado en una sola autoridad: el Presidente de la República.
Heredero de la tradición colonial española, el Presidente, en América Latina es, sin duda, el primer poder del Estado. A menudo, inclusive, es el único poder. De él emana la legitimidad, el interés social y hasta la nacionalidad. Sin él es inconcebible el gobierno y ausente el principio de autoridad.
Esa situación se refleja en el hecho de que, con excepción del Perú -que sigue en esto una tradición republicana de inspiración francesa donde conviven Presidente y Primer Ministro- las constituciones latinoamericanas consagran un presidencialismo inmoderado.
Identificado en norte y mesoamérica con el Tatluani azteca, en Los Andes con el Inca y en el Cono Sur con los caciques tribales, el Presidente en Latinoamérica es la síntesis del poder. Llega a tanto, que no sólo administra la cosa pública, sino que imparte justicia y aún legisla.
Por ejemplo, para el caso peruano hemos podido examinar la serie histórica de los últimos cuarenta años de producción legislativa. En ella se pueden apreciar que los decretos presidenciales constituyen el 98% del universo normativo que deben obedecer los ciudadanos. Las leyes dadas por el Parlamento son, en consecuencia, un tímido 2% del total de las normas existentes.
Este solo hecho debería relevar de la obligación de ofrecer más pruebas. Pero, por si fuera poco, el examen de esta misma secuencia histórica revela que el número de decretos presidenciales es mayor en los gobiernos democráticos que en las dictaduras: lo que en otras palabras quiere decir que históricamente los presidentes constitucionales han sido más dictadores que los militares en gobernar nuestro país.
Desconozco si esta conclusión es aplicable a otras naciones, pero es, por si sola, una prueba de la concentración de poderes existente. Este solo hecho establece un desbalance natural en las democracias latinoamericanas que altera sus reglas de juego y restringe su capacidad de convocatoria. Inversamente, favorece la implantación de regímenes autoritarios que reflejan esta estructura del poder.
Por ello, no puede ser extraño en lo absoluto que la concentración y no la división del poder sea el hecho político más notable de los regímenes latinoamericanos.
La concentración llega a tal extremo que altera aún la naturaleza de la ley. Esta no es más una norma de aplicación general, sino una disposición particular hecha para favorecer o perjudicar a alguien en especial. De hecho, en América Latina la ley, en lugar de ser un límite, es un reflejo del poder.
Todas estas evidencias deberían servir para hacernos escépticos frente a las palabras y advertir que, si bien llamamos democracias a nuestros regímenes políticos, hay todavía tantas distorsiones que a menudo ese nombre se torna ilusorio.
* Abogado y escritor, diputado por Lima al parlamento peruano. |
