LIMA (AIPE).- Finalmente el Senado del Perú acordó levantar la inmunidad al ex presidente Alan García y autorizar su encausamiento ante la Corte Suprema, por presunto enriquecimiento ilícito.
Iniciado el procedimiento ante la Cámara de Diputados el mismo día en que dejó el poder, por primera vez en la historia peruana una denuncia de este tipo culmina con una acusación contra un ex presidente constitucional.
En efecto, después de once años de gobierno, Augusto B. Leguía fue juzgado por un tribunal de sanción en 1930. Pero ni Leguía ni sus jueces de entonces eran gobernantes democráticamente elegidos. Posteriormente en 1956, un grupo de parlamentarios democratacristianos trató de enjuiciar al ex dictador Manuel Odría en el Congreso. Leguía fue condenado, Odría absuelto. Cuatro décadas después, la historia se reescribe.
Primeramente, Alan García había enfrentado ya una acusación por instigación al homicidio y negligencia por la supuesta responsabilidad en la matanza que se produjo en las cárceles peruanas entre los detenidos por terrorismo en 1986. En aquella oportunidad el ex mandatario se salvó en la Cámara de Diputados por sólo cuatro votos.
Esta vez no hubo mayorías precarias. La Cámara lo acusó ante el Senado por 98 a 57. Este último autorizó su enjuiciamiento en el Poder Judicial por 38 votos a 17.
García Pérez es acusado de haberse enriquecido en su cargo. Se le ha probado fehacientemente un incremento patrimonial injustificado de 400.000 dólares. Hay indicios, además, de que posee cuentas bancarias secretas en el extranjero, comisiones ilegales por obras públicas contratadas y negociados varios, incluso en la adquisición de aviones de combate para la Fuerza Aérea Peruana.
Ninguno de los anteriores es, pues, un pecado venial. A pesar de ello, los defensores del ex mandatario sorprendieron a toda la opinión pública peruana al utilizar como principal argumento de descargo que un enriquecimiento de 400.000 dólares era insignificante, dando a entender que un presidente no iba apropiarse de tan poco en el ejercicio del poder.
Pocas veces se ha podido escuchar un argumento más cínico y doloroso: para que un presidente robe, debe ser por millones. O el que roba poco no delinque.
Esto nos lleva a una breve reflexión sobre ética y poder en América Latina.
Generalmente se ha creído en el Perú, y de repente en muchos países de América Latina, que quien ejerce el poder está investido con un aura de inviolabilidad que justifica y hasta santifica todos los desmanes.
Esta concepción proviene, ciertamente, de la tradicional filosofía castellana del poder, en la cual el rey derivaba su legitimidad de Dios y no existía límite alguno de lo que le estaba permitido.
Heredera de esa tradición, la figura presidencial, a pesar de las formas republicanas, siempre se ha caracterizado por encontrarse por encima de la ética y la moral.
Han tenido que transcurrir los años y producirse múltiples escándalos para que la sacrosanta imagen del poder comience a ser desafiada en nuestro continente. Primero fue el caso de Salvador Jorge Blanco en República Dominicana, condenado ya a 20 años de prisión. Después el de Alan García en Perú. Ahora muy recientemente Jaime Lusinchi en Venezuela, donde el Senado acaba de aprobar también su juzgamiento.
El caso de Alan García es, por lo demás, una típica caricatura del poder en nuestro continente. Llegó a la presidencia en 1985 en medio de una avalancha de votos y entusiasmo. Convenció a muchos que la retórica podía derogar leyes, trasmutar la naturaleza humana y convertir, por arte de magia, la pobreza en riqueza. Pero terminó su mandato con el país francamente dividido y, el mismo, convertido en un baldón del abuso y la corrupción.
Por ello el proceso judicial en su contra es, a la vez, de responsabilidad personal y política. Personal porque hay cargos de enriquecimiento ilícito por los que deberá responder. Política porque, en cierta forma, al acusársele, se han puesto en el banquillo a la demagogia, a la improvisación y al populismo.
Todo un signo de progreso en América Latina.
* Abogado, periodista y diputado por Lima al Congreso Nacional. |
